­NO A UN NUEVO PROCESO ELECTORAL VICIADO

La grave violación constitucional realizada por el TSJ y ejecutada en la Asamblea Nacional al prorrogar el periodo presidencial 2007-2013 finalizado el 10 de Enero, ha puesto a Venezuela en una situación de inestabilidad política de consecuencias impredecibles. De acuerdo a los más renombrados juristas del país, a partir del 10 de Enero de 2013 son ilegitimas y usurpadoras todas las autoridades que en este momento detentan el poder ejecutivo, con lo cual sus actos son nulos, de acuerdo a la misma Constitución (Art. 138).

Este desconocimiento a la Constitución de 1999 por parte del TSJ, no es más que la consecuencia de contar con unos poderes públicos cuyo origen ha sido el resultado de procesos electorales marcados por el signo del fraude. Desde el año 2004, ninguna elección en Venezuela ha sido auténtica. De acuerdo a la definición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (Artículo 21), y la Carta Democrática Interamericana de la OEA (Artículo 3), para que unas elecciones sean auténticas, deben ser universales, justas y libres. Estos dos instrumentos multilaterales, que forman parte de nuestra legislación interna, imponen al Consejo Nacional Electoral (CNE) condiciones ineludibles para el ejercicio de sus competencias, que de incumplirse invalidan automáticamente los respectivos eventos electorales por carecer de “autenticidad”.

Pero además, una elección no puede ser auténtica si no es oportuna. Esto es, si no se realiza en el tiempo y en los lapsos que el marco jurídico establecen para su convocatoria. Ya en el Revocatorio que fue postpuesto del 2003 para el 2004, el pueblo venezolano fue sometido a la manipulación orquestada por el CNE y la Misión Identidad, para cambiar las percepciones de los ciudadanos ante la negativa imagen del gobierno y su presidente. Ahora, desde el mismo momento en que no se respeta lo previsto en el Art. 231 de la constitución, se está prolongando de manera artificial y acomodaticia la convocatoria a unas elecciones presidenciales, con la obvia finalidad de procurar una transferencia de liderazgo al sucesor ya anunciado, en detrimento de una elección justa y equilibrada.

Este fraude continuado y por etapas, compuesto de un conjunto de acciones que lo hacen complejo y multifactorial, ha llevado a la Nación a una crisis sin precedentes, con el agravante del concurso de parte del liderazgo tradicional de la oposición, que ha llevado a la sociedad democrática a una agenda exclusivamente electoral, y de paso, sin posibilidad alguna de triunfos relevantes.

En efecto, en el período que va desde el 2004 al 2012 podemos encontrar elecciones que marcaron pautas en este proceso de desnaturalización de un sistema electoral democrático. En el año 2004, el CNE inaugura la etapa del apartheid electrónico, al digitalizar las listas de los firmantes de la solicitud de revocatorio al presidente, proceso organizado de manera ejemplar por la organización Súmate. 

En el año 2007, el Régimen sufre su aparente primer revés electoral, rápidamente compensado en el 2009 con una consulta ilegal y puntual avalada por los poderes públicos, y que desemboca en la conocida reelección indefinida.

En el 2010, el CNE avala la modificación a los circuitos electorales realizada por la Asamblea Nacional, teniendo como consecuencia que una minoría en votos termine casi con las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Nacional, con lo cual se violó el artículo 63 constitucional que establece, inequívocamente, el respeto a la representación proporcional.

Y en el año 2012, el CNE avala un sistema electrónico que, entre otras cosas, acaba con el principio fundamental de todo sistema democrático: «la libertad del voto». La Constitución, legislación y tratados válidamente suscritos por la República en materia electoral, ponen el acento en el secreto del voto, pero el uso de tecnologías de información añaden un elemento adicional: la percepción de si el voto es secreto o no, más allá de que tecnológicamente se hayan tomado o no, medidas preventivas entendibles para el ciudadano común y corriente.

Entonces, la LIBERTAD del voto viene apareada a la percepción del elector común - que no tiene conocimientos técnicos - de que su voto “parezca o no” secreto, con el agravante, de que el actual sistema impuesto por el órgano electoral infunde el temor en el elector de que su voto no es secreto.

A esto resta añadir que sólo si existe equilibrio y transparencia por parte del CNE, principios de rango constitucional, se podrá confiar en que el árbitro electoral tendrá la capacidad de hacer elecciones auténticas. En caso contrario, habrá sobradas razones para sospechar que los resultados declarados por el CNE muy probablemente no reflejan la voluntad popular.

Vistas las razones antes expuestas, y como consecuencia de la posible declaración de la falta absoluta del Presidente de la República, sin temor a equivocarnos, se nos lanzará a un nuevo proceso electoral sin que se hayan tomado los correctivos necesarios para garantizar que esos resultados reflejen la voluntad de los electores.

Esta situación nos obliga a pronunciarnos desde ahora mismo: NO ES POSIBLE CONCURRIR A UN NUEVO PROCESO ELECTORAL SIN QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS PASOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR ELECCIONES AUTENTICAS EN VENEZUELA. Y ESE ES NUESTRO NORTE EN ESTE 23 DE ENERO: LUCHAR POR DEMOCRATIZAR EL PODER ELECTORAL.