LLAMADO A LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA La última palabra la tiene el Pueblo, y NO el CNE, NI el TSJ

Los venezolanos votaron el 14 de abril y demostraron masivamente que quieren un cambio pacífico.

Después de un proceso plagado de irregularidades de toda índole, el CNE hizo públicos unos resultados que produjeron de inmediato la reacción de rechazo unánime de la ciudadanía, que salió a las calles a exigir que los votos se contaran uno a uno.

Estas manifestaciones populares condujeron al candidato de la oposición a declarar que no reconocía los resultados, y a solicitar formalmente un reconteo del 100% de los sufragios.

El candidato del gobierno aceptó la petición públicamente.

El candidato de la oposición convocó entonces a la población para que lo acompañara a presentar su reclamo hasta las puertas del organismo electoral.

El gobierno prohibió esta movilización, desconociendo el derecho a la manifestación libre del soberano. Y el Comando Simón Bolívar la suspendió hasta nuevo aviso, obrando en nombre de la prudencia.

Desmovilizada la protesta popular en la calle, el CNE proclamó como ganador de las elecciones y presidente electo al candidato del gobierno.

Venezuela padeció entonces el indigno espectáculo de una juramentación írrita, aplaudida por los socios extranjeros del régimen, y sin poder manifestar libremente su rechazo y su repugnancia.

En esta situación, los estudiantes, las ONG y variados representantes de la Sociedad Civil insistieron en concebir una Auditoría Integral y llevarla hasta sus últimas consecuencias, y exigieron además, que se incluyera la opinión experta de organizaciones independientes para supervisar el conteo de los votos. El Comando Simón Bolívar respondió positivamente y convocó, entre otros, a ESDATA como asesor técnico.

Pero una vez juramentado bajo sospecha el candidato del gobierno, el CNE comenzó a desdecirse y a hablar de revisión y no de auditoría, para finalmente declarar que en ningún caso se podría producir un cambio en los resultados de la elección, ya que estos eran ‘irreversibles’, entre otras cosas, porque no se van a auditar los cuadernos electorales (el registro electoral por mesa) ni recontar todos los votos de la verificación ciudadana, supuestamente realizada en la noche del 14 de abril.

El CNE ha impedido, y continúa impidiendo la auditoría del Registro Electoral, y además, niega de plano la posibilidad de que el Pueblo cuente todos los votos y haga el recuento cada vez que sea necesario.

El CNE no puede colocarse por encima de la Constitución y las leyes, y declararse inauditable.

La realidad es que al Pueblo, que es el Poder Originario, no se le permite actuar como protagonista real de las distintas fases del proceso electoral, ni como ejecutor de las auditorías. No puede contar los votos ni hacer recuento cuando considera preciso hacerlo. Las papeletas de voto que se colocan en las cajas, única constancia palpable del sufragio para el ciudadano, no pueden ser contadas en su totalidad, porque para los funcionarios del CNE ese conteo de papeletas solo es posible en la noche de la elección, y para una selección sospechosa de mesas, y a partir del día siguiente, simplemente ‘no existen’.

La maniobra del CNE busca trasladar el problema electoral al Tribunal Supremo de Justicia, para alejarlo aún más de los electores y de la verdad, ya que de todos es sabido que dicho tribunal obedece ciegamente las directrices políticas del régimen.

Y paralelamente al “peloteo” oficial sobre la auditoría, el Régimen ha diseñado un plan para amedrentar a los funcionarios públicos, a los líderes de la oposición, y para “criminalizar” cualquier protesta pacífica, sea en las casas con las cacerolas, o en la calle marchando por nuestros irrenunciables derechos humanos.