Carta abierta al Dr. Ricardo Menéndez Prieto– Ministro de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias

Directivos de los CDCH a nivel nacional, representantes del sector científico venezolano, los vicerrectores académicos de las universidades Central de Venezuela y Universidad Metropolitana, la Vicerrectora de Investigación y Postgrado de la UPEL y representantes de AsoVAC, Asoinivic y APIU, cuyas firmas suscribimos abajo, nos dirigimos al Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Dr. Ricardo Menéndez Prieto, a los fines de solicitar de manera inmediata, el diferimiento del proceso de registro en el Programa de Estímulo a la Investigación y la convocatoria PEI 2011, así como la reformulación de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología.

Dicha solicitud responde a una gran inquietud de los sectores de investigación y educación, donde se han sumado prácticamente todas las universidades. Existe también un documento que fue consignado ante el ONCTI, suscrito por el Núcleo de Vicerrectorados Académicos y elaborado por la profesora Patricia Rosenzweig Levy, Vicerrectora Académica de la ULA, donde –entre otras cosas- se solicita suspender el llamado a la convocatoria 2011 del PEI, invitando al diálogo a fin de poder redefinir este Programa de manera consensuada.

Son varias las observaciones recogidas que avalan esta petición. La primera de ellas expresa lo excluyente que resultan los mecanismos de inscripción al Programa y la creciente saturación del sistema para la carga de la data. Consideramos que es conceptualmente inconcebible en general; no están establecidos de manera clara los mecanismos de evaluación y se exige, por ejemplo, la renuncia a los derechos de la firma del investigador. Todos estos parámetros fueron generados sin consultar con ninguno de los sectores comprometidos.

Consideramos, igualmente, que el PEI no debe sustituir, de ninguna manera, al Programa de Promoción del Investigador, el cual sí fue concebido con un baremo claro, preciso, transparente y donde sí hubo una amplia participación del mundo académico y científico. En todo caso, si el PEI va a sustituir al PPI –del cual aún se mantienen deudas, que esperamos sean saldadas- hay que establecer un período de transición para adecuarlo y donde por ejemplo se podría usar la base de datos de los investigadores existente. Por ello es necesario diferir la convocatoria PEI 2011 y abrir un escenario para el diálogo.

En lo que se refiere a los cambios contenidos en la modificación de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), aprobada el 08 de diciembre de 2010, creemos que contradicen el espíritu de la ley anterior, cuyo objetivo primordial era fomentar las relaciones entre las instituciones generadoras de conocimiento, al proponer que la ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, estén focalizados hacia el desarrollo tecnológico del país. Es decir, la Ley objeto de la reforma, trataba que la actividad realizada por las universidades y los centros de investigación estuviera estrechamente relacionada con los sectores productivos.

La reforma elimina la relación academia-empresa, convirtiéndola en una relación academia-intermediario-academia. Igualmente, elimina la direccionalidad de la ley, es decir, la libertad y autonomía de las empresas en cuanto a la utilización de los recursos que generan, permitiendo de ahora en adelante, que una institución gubernamental intermediaria decida discrecionalmente, la utilización de dichos recursos.

Por estas razones, es necesario revisar a profundidad la nueva Ley y reformarla con el fin de darle un espíritu más acorde con los objetivos originales de la LOCTI. A manera de ejemplo, se podrían retomar los aspectos positivos contenidos en la legislación anterior, que permitieron que en algunas universidades se pudieran financiar más de la mitad de los proyectos de investigación desarrollados mediante fondos LOCTI, convirtiéndose en la posibilidad más viable para financiar proyectos de alta complejidad.

Es posible que con la Ley anterior, se haya incurrido en fallas y en el caso de las empresas, si éstas no cumplieron con lo establecido en la Ley, fue porque no hubo una correcta política de fiscalización y control por parte de FONACIT. Pero eso no justifica una reforma como la aprobada en diciembre de 2010, la cual coarta y se aleja del espíritu original de esta legislación.

En relación a la convocatoria hecha por el Ministerio para el registro en los Proyectos de Áreas Estratégicas (PAE), quienes suscribimos este documento solicitamos sean ampliadas las áreas estratégicas, pues consideramos que a mayor cantidad de áreas, más incluyente será la labor de investigación, pues se abarcaría un espectro más amplio de temáticas como salud, educación, e incluso más aspectos enmarcados en las ciencias básicas, pero también en las ciencias sociales que no vemos representados en las 4 áreas ya establecidas (vivienda y hábitat; dinámicas, tendencias y desafíos del desarrollo urbano; impacto del cambio climático y eficiencia energética).

Asimismo, es fundamental extender los plazos porque el sistema tiene una complejidad que requiere de mayor tiempo para poder completar los proyectos; que la revisión técnica de los mismos sea realizada por evaluación de pares, es decir, a través de los métodos propios y naturales de medición de la ciencia; y la publicación del (los) baremo (s) que establecerá (n) los parámetros de medición. Igualmente, exhortamos para que los resultados de la convocatoria indiquen cuántos proyectos se introdujeron, cuántos fueron aprobados, cuántos rechazados.

Otro tema de gran preocupación existente en el seno del sector académico y científico que merece un exhaustivo análisis es el relativo al financiamiento de revistas y publicaciones científicas.

En la última evaluación efectuada en el 2009, el FONACIT adquirió el compromiso de financiar tanto la versión impresa como la electrónica de aquellas revistas que obtuvieron los mejores puntajes. En enero de 2011, se recibió un oficio donde se informaba que este ente retiraba el apoyo financiero para las publicaciones electrónicas de las mencionadas revistas. También se informó que estaban suspendidas las convocatorias para nuevas evaluaciones. Esto luce contradictorio con el objetivo de reconocer y darle prioridad a la publicación en revistas nacionales.

Además de ser violatorio de los compromisos adquiridos con las revistas venezolanas por este ente financiero, se crea el prejuicio adicional de perder la posibilidad de formar parte de la plataforma Scielo –indicador de revistas internacionales- cuya directiva informó que el FONACIT es el único evaluador certificado en el país para decidir que revistas pueden publicarse en esta plataforma.

Llama poderosamente la atención, que se le dé más valor a las revistas nacionales sobre las internacionales, pero de manera simultánea el FONACIT quite el subsidio a las revistas científicas nacionales. Lo anterior es una incongruencia que está perjudicando en gran medida el sector y pone en peligro su evolución en corto, mediano y largo plazo, donde se corre el riesgo de que esta importante área desaparezca. No sirve de nada engordar estadísticas y cifras, si estas no reflejan procesos científicos reales.

Es por esto que solicitamos se cumpla con los compromisos adquiridos; se realice con urgencia una convocatoria para evaluar revistas que puedan salir de Scielo; se analice la posibilidad de un ente internacional que pudiese evaluar y certificar la entrada de las revistas venezolanas a la plataforma Scielo.

Los investigadores queremos hacer hincapié en nuestro deseo de participar en aquellos proyectos y planes que contribuyan a mejorar las condiciones de nuestro país, que brinden bienestar a los venezolanos y que nos impulsen para construir la nación que todos aspiramos tener. Queremos reiterar que desde hace más de 50 años, la ciencia venezolana ha aportado conocimientos y ha puesto al servicio de la nación importantes avances con grandes impactos en el aumento de la calidad de vida de los venezolanos.

Sin embargo, la participación del sector científico y educativo, pasa por la definición clara de las reglas de juego, que la transparencia de los procesos sean la norma y que se tomen en consideración las opiniones de los sectores que tienen experiencia y experticia sobre estas materias para garantizar resultados satisfactorios y acordes con la realidad venezolana.

Los sectores científico y universitario estamos dispuestos a contribuir para que cada uno de los programas enmarcados dentro de la Ley y bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industria Intermedias, satisfagan las necesidades de los venezolanos y de la nación, pero con una visión que parta desde los propios grupos comprometidos con la ciencia y la tecnología, que cuentan con un amplio capital humano formado profesionalmente como se ha demostrado en el transcurrir de más de 50 años de vida de estas áreas de la academia y que tanto beneficio y progreso han generado al país.