Apoyo desde el extranjero al Pacto Nacional por la Paz

Al pueblo de México

A las organizaciones y movimientos convocantes al Pacto

A los gobiernos municipales, estatales y al Gobierno Federal Mexicano

A los organismos internacionales

A los gobiernos de todo el mundo

A los pueblos del mundo

En calidad de mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero y de grupos emergentes de la sociedad civil preocupados por la situación actual de nuestro país, nos adherimos por medio de este pronunciamiento al Pacto Nacional por la Paz y la Justicia, que será firmado en Ciudad Juárez el 10 de Junio de este año, en tanto que compartimos su diagnóstico sobre esta lacerante situación en México, sus demandas, sus preocupaciones, pero sobretodo, la convicción de la urgencia. Una urgencia que reclama la convergencia desde las más diversas posiciones políticas, a sumarse a un nuevo pacto social en México.

Teniendo actualmente diferentes ciudades del mundo por morada, somos mexicanos y mexicanas a quienes la distancia no nos ha impedido ni nos impedirá pronunciarnos pública y críticamente frente a los acontecimientos de nuestro país y organizarnos para incidir sobre su destino. Asumimos que la trascendencia de este momento histórico amerita no sólo sumarse al pacto sino también a la discusión profunda y amplia sobre sus contenidos; amerita actuar con oídos y con voz, con las manos y los pies, con la pluma y el pincel. Amerita voluntad de todos y todas y por ello es que estamos de acuerdo, como lo propone el Pacto, con emplazar a la clase política a responder con acciones concretas a corto y mediano plazo, no porque consideremos que éstas deban ser condiciones para un diálogo, sino porque los ciudadanos y ciudadanas demandamos hoy señales claras de voluntad política por parte de los diferentes poderes republicanos.

A continuación compartimos lo que ha sido producto de nuestras discusiones hasta el momento, exponiendo nuestra lectura de cada uno de los puntos del Pacto al tiempo que aportamos ideas para enriquecerlo, con miras a un acuerdo nacional capaz de hacer posible un México en paz con justicia y dignidad.

1) Nos sumamos a la exigencia de verdad y justicia.

La pronta resolución pública de los casos emblemáticos es fundamental. Pero lo es sólo sabiendo que el horizonte último es el esclarecimiento y resolución de cada asesinato, cada desaparición, cada secuestro, cada fosa clandestina, cada caso de trata de personas, así como la determinación de la identidad de la totalidad de las víctimas.

Consideramos este énfasis crucial, pues se corre el riesgo de que las instituciones del sistema de justicia y los medios quieran dar por satisfecha la sed de justicia tomando la parte por el todo. La sociedad civil seguirá a cada caso como su sombra.

Desde las ciudades que nos acogen nos sumaremos al ejercicio de la memoria de las víctimas con actividades que hagan visible la situación frente a la comunidad local e internacional.

2) Nos sumamos a la exigencia de cambiar el enfoque militarista para enfrentar los problemas de seguridad.

Nos pronunciamos, no sólo por un enfoque de seguridad ciudadana, sino también por un enfoque de seguridad humana que, por medio de estrategias de desarrollo social, privilegie la seguridad y el bienestar de las personas y las comunidades, por sobre la seguridad del Estado. En consecuencia, nos pronunciamos enérgicamente en contra de la reforma y modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, para cuyo enfoque solamente hay dos respuestas al problema: criminalizar y militarizar.

Entendemos el vínculo entre paz, seguridad, igualdad, derechos y desarrollo humanos, como esencial y recíproco. Por ello advertimos, especialmente al ejecutivo, no leer nuestras movilizaciones como clamores por “mayor seguridad” dentro del fallido paradigma de seguridad nacional. Lo que exigimos es un nuevo enfoque capaz de entender que las consecuencias nocivas que vienen con las demandas insatisfechas—económicas, redistributivas, de procuración e impartición de justicia, ambientales, de seguridad alimentaria, social y de salud—no se arreglan con armas, sino que sólo se agravan. Nos pronunciamos, asimismo, por una estrategia de seguridad soberana que privilegie la cooperación bilateral sincera entre los países sobre aquella que hasta el momento ha privilegiado el intervencionismo unilateral de los E.E. U.U. bajo el estandarte de la lucha antiterrorista. Dicha cooperación implica también reconocer la corresponsabilidad de E.E. U.U. en la corrupción que hace posible el tráfico de armas y drogas.

Nos pronunciamos también a favor de la institución de mecanismos para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Celebramos en este sentido, la reciente aprobación de reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, sin por esto olvidar el trabajo que falta aún para ponerla en consonancia con leyes y reglamentos, y para superar la infamante brecha que existe en México entre la letra y el hecho.

Finalmente, consideramos importante recuperar la petición de renuncia del actual secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, como un acto simbólico del cambio de rumbo en esta estrategia, sin que esto signifique una condición para la suscripción misma del Pacto, ni para el diálogo amplio, ni la creación de acuerdos.

3) Nos sumamos a la exigencia de combate a la corrupción y la impunidad.

La exigencia de verdad y justicia por las actuales víctimas entraña inexorablemente la reforma del sistema de procuración e impartición de justicia, hoy corrupto, hoy trinchera de la impunidad, hoy inmune a la contraloría ciudadana. Nos pronunciamos por el derecho de todo legislador y funcionario público, en su calidad de ciudadano o ciudadana, a ser procesado por actos de corrupción, delitos del fuero común y de crimen organizado. En este sentido, nos sumamos a la exigencia de una pronta eliminación del fuero en todos los niveles de gobierno.

4) Nos sumamos a la exigencia de combatir las raíces económicas del crimen.

Aunado al pronto informe de investigación sobre los casos emblemáticos de corrupción y lavado de dinero en este sexenio, consideramos ineludible el combate frontal a todo caso de lavado de dinero por medio de la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial. Además de los negocios ilegales, no hay que olvidar que la evasión fiscal de los grandes capitales forma parte sustantiva de la corrupción financiera en México, lo que frena la entrada de recursos al Estado para la redistribución social.
Celebramos que ciertos sectores de la clase empresarial hayan mostrado interés en suscribir el Pacto, ello muestra que la urgencia hace ver, cada vez a más personas, que lo común implícito en el conjunto de la sociedad está por encima de cualquier interés particular.

5) Nos sumamos a la exigencia de atención urgente a la juventud y de acciones efectivas de recuperación del tejido social.

Coincidimos con el diagnóstico. La población joven ha sido hasta el momento la principal afectada, pero es también en la que reside el mayor potencial de desarrollo. En el contexto inmediato los jóvenes han sido afectados por el crimen y por la estrategia misma de seguridad. En un contexto más amplio, han padecido las consecuencias de una política económica generadora de pobreza, concentración del capital, desempleo, precarización e informalidad laboral, así como de migración forzada. Por otro lado, los jóvenes son hoy víctimas de las políticas sociales de un Estado que ha sido incapaz de cumplir las exigencias redistributivas y de seguridad social universal. Por ello, nos pronunciamos por el incremento inmediato en los recursos destinados a la educación, investigación y cultura para reconstruir el tejido social. Nos pronunciamos por una reforma educativa profunda y el saneamiento del SNTE. Nos pronunciamos por una mayor asignación de presupuesto en materia social, con el que se privilegie la inversión en capacidades por encima de los programas asistencialistas.

6) Nos sumamos a la exigencia por una democracia participativa, la mejora de la representativa y por la democratización de los medios de comunicación.

Coincidimos en la urgencia de la aprobación de la reforma política de tal forma que entre en vigor para el siguiente periodo electoral federal y en su ampliación en los términos planteados por el Pacto. Suscribimos especialmente la exigencia de revocación de mandato para todo puesto de elección popular en los tres niveles de gobierno y por la creación de instrumentos que hagan posible una contraloría social efectiva. Nos sumamos al apoyo para la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales propuesta por la sociedad civil capaz de combatir los monopolios en los medios de comunicación.

Con este pronunciamiento nos sumamos decididamente a este movimiento nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. Asumimos con nuestras ideas y acción colectiva internacional, la responsabilidad que tenemos como mexicanos y mexicanas en el extranjero para con los asuntos de nuestro país. Entendemos también la importancia de hacer visible a nivel internacional el proceso de guerra hecho sin nuestro consenso y en nuestro nombre—parafraseando las palabras del Pacto— y que ha cobrado ya la vida de más de 40,000 mil personas, entre ellos también la de muchos Centroamericanos.
Como hombres y mujeres preocupados hacemos propia la tarea del diálogo, discusión y acción trans-fronterizas para resolver problemas que, aunque sangran localmente, brotan de heridas globales.

Berlín, 30 de mayo de 2011.