AMICUS CURIAE sobre el amparo solicitado por el Dr. Leonel Cota Araiza ante un acto de la autoridad universitaria que lo excluyó de la Junta de Gobierno, en plena sesión permanente para seleccionar rector 2010-2014

AMICUS CURIAE sobre el amparo solicitado por el Dr. Leonel Cota Araiza ante un acto de la autoridad universitaria que lo excluyó de la Junta de Gobierno, en plena sesión permanente para seleccionar rector 2010-2014

A los Magistrados
Lic. Gerardo Manuel Villar Castillo
Lic. M. Del Carmen Torres Medina
Lic. Jaime Ruiz Rubio
Tercer Tribunal Colegiado del XV Circuito
Mexicali, B.C.

Los abajo firmantes, “Amigos de la Justicia” y miembros o no de la comunidad de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), cuya naturaleza y fines nos obliga a estar atentos a lo que ocurre en ella, ante ustedes con el mayor respeto a sus personas e investiduras, comparecemos para expresar lo que sigue.
PRIMERA PARTE
EL AMICUS CURIAE EN EL MUNDO DEL DERECHO

El “amicus curiae” tiene hondas raíces en otros lugares del mundo, y aunque en la cultura jurídica mexicana apenas empieza, ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es frecuente que por esta vía acudan múltiples personas físicas, organismos no gubernamentales y demás formas asociativas de la sociedad civil, a pedir que la justicia contemple todos los factores relevantes a un caso antes de pronunciarse sobre el mismo.

El “amicus curiae” se erige en una forma en que la sociedad civil participa del trascendente fenómeno de la justicia; hace llegar su voz a los jueces y promueve que éstos resuelvan contemplemendo el caso de una manera integral. Los jueces pueden así, oír la voz, el sentir de aquellos que enfrentarán sus resoluciones.

SEGUNDA PARTE
El AMICUS DEL CASO COTA ARAIZA

Hoy acudimos ante ese honorable tribunal a pedir que al resolver el caso Leonel Cota Araiza tengan ustedes en cuenta las consideraciones que siguen:

• ¿A quien daña que las autoridades de la UABC no respeten la ley que los rige, ni los derechos de los universitarios?

• ¿A quién daña que no se llegue a esclarecer si en el proceso de exclusión de Leonel Cota Araiza de la Junta de Gobierno fue violada la Ley Universitaria?

No hay que ir muy lejos por las respuestas a estas preguntas:

• A toda la sociedad daña que las autoridades de la UABC no respeten las leyes que la rigen.

• A ningún miembro de la UABC beneficia que el fondo jurídico de este asunto, la exclusión arbitraria de la Junta de Gobierno de uno de sus miembros durante la sesión permanente de designación de rector, quede en la oscuridad. El velo de la ilegitimidad permanecería sobre las autoridades universitarias y sus procederes.

Recapitulando, señalemos que la UABC es una institución pública dotada de autonomía (facultad de gobernarse a sí misma), la cual funciona en el contexto de tres limitantes:

• La UABC debe respetar el orden constitucional del país.

• La autonomía debe ser empleada de modo pertinente a los fines que tiene como institución de educación superior (docencia, investigación y difusión de la cultura).

• La autonomía es de la institución, y no de sus autoridades; éstas, como cualquiera otra autoridad, deben ajustar sus actos a la legalidad.

Esta última limitante origina, a su vez, la siguiente consideración para el caso de la designación de funcionarios universitarios.

“… La excepción a la regla de que ninguna instancia del Estado pueda inmiscuirse en la designación de funcionarios universitarios [. . . .] está supeditada a verificar que la designación respectiva se haya hecho acorde a lo establecido en la ley orgánica y en la legislación universitaria, esto es, que se observen las reglas procedimentales y se respeten los derechos reconocidos a los universitarios en los procesos de designación de autoridades, siempre que estén previstos en la legislación universitaria…” (González Pérez, Luis Raúl, 2010, p. 116. La facultad y la responsabilidad de autogobierno de las universidades autónomas por ley. Perfiles Educativos, Vol. 32, No. Especial, pp. 108-122).

La UABC no es una entidad abstracta, con una voluntad única que sólo sus autoridades puedan expresar, sino una comunidad con intereses múltiples y convergentes, integrada por estudiantes (unos 50,000 aproximadamente), el personal académico (unas 5,000 personas), los trabajadores administrativos y de servicios (unas 1,700 personas), y las autoridades o funcionarios, un pequeño grupo que administra el funcionamiento y el presupuesto universitario (que para 2012 asciende a casi tres mil millones de pesos) y, por tanto, ejerce el poder universitario.

¿Quiénes de todos estos miembros de la comunidad universitaria están más obligados moral y jurídicamente a ceñir su conducta al orden jurídico universitario y a no incurrir en abusos? Los gobernantes, por supuesto.

¿Por qué ellos? Precisamente porqué son responsables del gobierno institucional y se convierten en guías de seres humanos, en ejemplos a seguir.

El Dr. Leonel Cota Araiza fue excluido de la Junta de Gobierno de un modo en que las autoridades universitarias del más alto nivel no respetaron ostensiblemente las formas jurídicas, ni a la persona del Dr. Cota Araiza, ni las competencias de los órganos de autoridad. He ahí el problema jurídico cuyo esclarecimiento estamos pidiendo para bien de todos.

Ante su repentina “remoción,” el Dr. Leonel Susano Cota Araiza tuvo la integridad de proclamar su condición de universitario digno y llevó su caso ante los tribunales en busca de justicia, no para sí mismo, sino para la UABC.

Su demanda de amparo se basa, precisamente, en que no respetaron los términos de la legislación universitaria ni el entonces encargado del despacho (y aspirante al puesto de rector), ni la propia Junta de Gobierno, ni el Consejo Universitario. Estando en sesión permanente para designar al nuevo rector, el entonces encargado de la rectoría (el Dr. Felipe Cuamea Velázquez) promovió un cambio en la integración de la Junta de Gobierno sin más propósito que excluir a Leonel Cota porque no le daba su voto para ser electo rector. Para eso fue el cambio y no para otra cosa.

Y lo más desconcertante: el cambio fue hecho contrariando una orden judicial de amparo vigente, consistente en respetar al Dr. Leonel Cota en su ejercicio dentro de la Junta de Gobierno.

TERCERA PARTE
LA TRASCENDENCIA COLECTIVA DE ESTE CASO

El fallo que ustedes dicten no solamente afectará al Dr. Cota Araiza, sino a toda la comunidad universitaria, porque más allá de la persona excluída de la Junta de Gobierno, y de la que fue designada rector de la UABC, hay otra dimensión en la que la afectación a la comunidad universitaria es más trascendente todavía. Se trata del ambiente de respeto al derecho universitario que con su proceder cotidiano deben construir las autoridades y la comunidad universitaria en su conjunto.

Una comunidad centrada en el conocimiento y en el trabajo académico debe ser, al mismo tiempo, y particularmente sus autoridades, una comunidad respetuosa del derecho; ello es necesario para que pueda funcionar dentro del marco legal del país, pero ello también es fundamental para que pueda desarrollar adecuadamente su labor educativa.

¿Cómo esperar que los estudiantes que se forman dentro de la UABC lleguen a ser ciudadanos respetuosos de la ley, si atestiguan que las autoridades de su institución educativa no respetan la normatividad que la rigen?

¿Qué tanto se puede esperar de una institución que, en lugar de llevar a cabo sus procedimientos de acuerdo a su normatividad, los realiza en función de criterios e intereses de un grupo de personas cuya intención es conservar sus puestos de autoridades y, con ello, el control de la institución?

CUARTA PARTE
LA UABC, UN REFERENTE MORAL

Nuestra casa de estudios es un referente moral en cuanto al aprecio, respeto y aplicación de la ley. Lo que pasa dentro de la UABC, en cuanto que ella es una institución pública de educación superior dotada de autonomía, es importante, y afecta no solamente a la comunidad universitaria que trabaja o estudia en ella, sino a la comunidad más amplia que la envuelve, a la sociedad bajacaliforniana y, por extensión, a la sociedad mexicana toda.

Si en una institución como la UABC no se respetan los procedimientos, si ahí se pisotea el derecho universitario: ¿qué no podrá pasar y ser “justificable” en otros ámbitos de la sociedad?

En un país en el que todavía se está construyendo una cultura de la legalidad es particularmente importante que la ley sea promovida y respetada por instituciones sociales claves, como es la UABC.

El amparo del Dr. Cota Araiza ha permitido poner en perspectiva esta situación y, por lo tanto, su resolución tendrá un profundo impacto para el desenvolvimiento futuro de la propia universidad y su relación con su entorno.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, y con apoyo en los artículos 8º de las constituciones nacional y estatal, los abajo firmantes con el mayor respeto estamos solicitando ante ese tribunal:

1.- Que se considere que hemos acudido por la vía de este amicus curiae a solicitar un especial esmero al sentenciar este caso, que involucra más que un interés personal del quejoso, un interés colectivo, un interés público, un interés general de la comunidad universitaria bajacaliforniana y de la sociedad que la sostiene.

2.- Darnos dentro de la mayor brevedad posible la respuesta a que se refiere el artículo 8º de la Constitución nacional.

3.- Que se considere como nuestros representantes comunes para los efectos de este amicus a los doctores Jesús Francisco Galaz Fontes y Eduardo Backoff Escudero con domicilio en Ave. Joaquín Fernández de Lizardi 429-2, Col. Independencia–Magisterial, de Mexicali, Baja California.

POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE
Mexicali, B.C., enero de 2012